REPROBADA LA OPERATIVIDAD DE LA JUSTICIA ORAL EN MORELOS
Muchos de los abogados morelenses, litigantes, académicos y servidores públicos tuvimos la oportunidad de integrar la mesa redactora del código procesal penal del 2007.
Lo culminamos el 12 de mayo y acompañamos al entonces gobernador Marco Antonio Adame, a entregarlo a la cámara de diputados el 12 de julio, día del abogado. Los legisladores decidieron aprobarlo el 19 de noviembre, siendo publicado en el periódico tierra y libertad el 22 de ese mismo mes.
En aquel entonces, el tema de los juicios orales en materia penal estaba en boga. Morelos era el segundo estado, -después de Chihuahua- en poner en práctica el entonces llamado sistema acusatorio adversarial.
El estado mostró preocupación por preparar únicamente a los operadores oficiales del sistema. Jueces, fiscales y defensores públicos recibieron capacitación constante.
Los litigantes particulares tuvimos que prepararnos por nuestra cuenta, ya fuera pagando cursos en el extranjero o colándonos a los cursos locales oficiales.
Aun así, con todo el esfuerzo que ello implicó, logramos que Morelos se situara a la vanguardia y fuera reconocido como la entidad pionera y eficaz en la operatividad de la justicia penal oral.
Lo anterior, ocasionó que muchos jueces, fiscales y defensores fuimos contratados para preparar a los operadores de otros estados.
A menudo fuimos requeridos para impartir conferencias sobre el tema.
A Morelos se le vio como ejemplo nacional. Incluso, nuestro código procesal penal fue modelo de otros códigos de otras entidades.
13 años han pasado desde entonces. A la fecha, solo los recuerdos quedan. La organización México Evalúa, dedicada a evaluar los resultados sobre la operatividad de los sistemas de justicia, dio a conocer en su último reporte denominado HALLAZGOS 2020, que Morelos se encuentra en el último lugar del ranking en eficiencia y eficaz en la operatividad en el sistema de justicia oral penal.
Algo se tiene que hacer, Morelos está obligado a recuperar el lugar que le pertenece en ese rubro, la fiscalía y el poder judicial deberse dar un golpe de timón, esperemos lo hagan ya.
Dr. Cipriano Sotelo Salgado