Ha iniciado la investigación sobre el derrame de 3000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha dado cinco días a Grupo México, la mayor minera del país y responsable del accidente, para que aporte información adicional sobre la fuga, ocurrida el martes en el puerto de Guaymas, en el Estado de Sonora.
Las consecuencias pueden ser diversas sanciones, sin embargo, para varios grupos ambientalistas estas multas son muy bajas comparadas con los ingresos y el daño ocasionado por el grupo minero. Ahora hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que el grupo minero tiene un acto de esta índole.
El derrame será muy dañino para las especies marinas que habiten los alrededores. De hecho, ya se han reportado varios animales muertos en las playas cercanas. También se investiga por qué tardaron 24 horas en notificar a la Profepa sobre el derrame, supuestamente ocasionado por la falla de una válvula al cargar una embarcación.
La ley mexicana obliga a las empresas involucradas en actividades riesgosas a tener un plan de respuesta ante emergencias de este tipo. Además, las instalaciones portuarias de Guaymas, desde donde Grupo México exporta cobre y ácido al resto del mundo, cuentan con un certificado de calidad ambiental según el último informe de sustentabilidad de la empresa. El certificado, supuestamente emitido en 2018 y con vigencia de dos años, reconoce mejoras en el “desempeño ambiental”. La minera, que recibió otros 17 reconocimientos de este tipo el año pasado, afirma que tenerlos es “fundamental para reforzar el compromiso”.
Según Miguel Rivas, de Greenpeace, la multa para este tipo de derramas está entorno a los 100.000 dólares, cantidad que considera “ridícula”. En el caso del río Sonora, la empresa pagó 23 millones de pesos, poco más de un millón de dólares, en reparaciones por el daño causado.
